Efectivo y violencia de pareja: una evidencia que descansa en encuestas frágiles

Cada dos meses, el programa Juntos del Perú paga alrededor de 60 dólares a los hogares que se encuentran por debajo de un umbral de pobreza. Un nuevo documento de trabajo del NBER de Jorge Agüero, Ursula Aldana, Erica Field, Veronica Frisancho, Ignacio Rodriguez Hurtado y Javier Romero aprovecha ese ritmo para plantear una pregunta incómoda sobre cómo sabemos lo que creemos saber. Cuando mujeres de zonas rurales y periurbanas del Perú respondieron sobre la violencia sexual de sus parejas de la manera habitual, en voz alta ante una encuestadora, las tasas reportadas se mantuvieron en torno a 10 % sin importar el tiempo transcurrido desde el último pago. Cuando marcaron sus respuestas en privado en una cédula, las tasas reportadas subieron en las semanas posteriores a cada pago, hasta cerca de 20 %, casi el doble, y luego volvieron a bajar. Las transferencias eran las mismas; solo cambió la forma de preguntar.

El problema

Pocos hallazgos de la economía del desarrollo han sido tan bien recibidos como la evidencia de que las transferencias monetarias a las mujeres reducen la violencia de pareja. Se ha usado para sostener que la protección social hace más que aliviar la pobreza: redistribuye el poder dentro del hogar. Sin embargo, casi toda esa evidencia descansa en que las mujeres le cuenten a una encuestadora, cara a cara, si su pareja las ha golpeado, amenazado u obligado. Nuestra pregunta es acotada: ¿cuánto de la conclusión de que las transferencias monetarias reducen la violencia de pareja se sostiene cuando se toma en serio la forma de medir la violencia? Importa porque un subregistro no relacionado con el programa solo añade ruido, mientras que un subregistro que varía con el programa, o con el efectivo que entrega, puede sesgar las estimaciones en cualquier dirección.

Lo que muestra la evidencia

Empecemos por los promedios. Una revisión de métodos mixtos de Buller, Peterman, Ranganathan, Bleile, Hidrobo y Heise identificó 14 estudios cuantitativos y ocho cualitativos en países de ingreso bajo y mediano; 11 y cinco de ellos, respectivamente, encontraron que las transferencias reducen la violencia, y solo dos mostraron efectos mixtos o adversos. Un metaanálisis de Baranov, Cameron, Contreras Suarez y Thibout llegó a una conclusión similar: las transferencias se asocian con menos violencia o con ningún efecto en promedio, con reducciones significativas de la violencia física y emocional y de las conductas de control, aunque algunos estudios encuentran aumentos en subgrupos, como las mujeres con poca escolaridad cuyos esposos tienen aún menos. La teoría admite ambos signos. El dinero puede aliviar el estrés y los conflictos por recursos escasos y fortalecer la posición de una mujer que podría dejar a su pareja. También puede provocar a una pareja que siente amenazado su estatus, o que usa la violencia para apropiarse del dinero. Buller y sus coautores agrupan los canales en seguridad económica y bienestar emocional, conflicto dentro del hogar y empoderamiento de las mujeres.

Los estudios individuales tienen una identificación más sólida que la mayoría en este campo. En el norte de Ecuador, un ensayo controlado aleatorizado de Melissa Hidrobo, Amber Peterman y Lori Heise encontró que las transferencias en efectivo, en cupones o en alimentos dirigidas a las mujeres redujeron las conductas de control y la violencia física o sexual entre 6 y 7 puntos porcentuales, sin diferencias entre modalidades. En Kenia, Johannes Haushofer y sus coautores encontraron que las transferencias no condicionadas a las mujeres, de 709 dólares en promedio, redujeron la violencia física y sexual en 0,26 y 0,22 desviaciones estándar, y que la violencia física también disminuyó contra mujeres de las aldeas tratadas que no recibieron nada. En Bangladesh, Roy, Hidrobo, Hoddinott y Ahmed encontraron que, entre seis y diez meses después de terminado un programa, las mujeres que solo habían recibido transferencias no reportaban menos violencia que el grupo de control, mientras que las que además habían recibido comunicación para el cambio de comportamiento en nutrición reportaban 26 % menos violencia física. Los efectos dependen del diseño y pueden no sobrevivir a los pagos.

América Latina añade señales de alerta. Con una encuesta especializada sobre el programa Oportunidades de México, Bobonis, González-Brenes y Castro encontraron que las beneficiarias tenían 40 % menos probabilidad de sufrir violencia física, pero más probabilidad de recibir amenazas violentas sin agresión. Con los mismos datos experimentales, Angelucci encontró que las transferencias pequeñas redujeron la violencia en 37 %, mientras que las grandes aumentaron la conducta agresiva de los esposos con visiones tradicionales de los roles de género. En el Perú, Juan-José Díaz y Victor Saldarriaga aprovecharon la expansión escalonada de Juntos entre municipios, junto con su regla de elegibilidad, en un diseño de diferencias en diferencias, que compara los cambios en el tiempo en los lugares a los que llegó el programa con los cambios en lugares a los que aún no había llegado. Encontraron que Juntos redujo la violencia física de pareja entre 25 % y 30 %, al parecer por una menor frecuencia de consumo de alcohol y de agresiones asociadas al alcohol por parte de las parejas. Sus datos provienen de las Encuestas de Demografía y Salud, que preguntan cara a cara.

Ahí es donde la medición pesa. Los investigadores de encuestas han probado dos soluciones. Los experimentos de lista ofrecen anonimato total: la mujer solo informa cuántas afirmaciones de una lista se aplican a ella, y la prevalencia se infiere comparando grupos cuyas listas incluyen o no el ítem sensible. En Nigeria, Cullen encontró una violencia de pareja hasta 35 % mayor con listas que con preguntas directas, y el error de reporte se asociaba con la educación y la vulnerabilidad, características que los programas de desarrollo suelen focalizar. En zonas urbanas pobres de Lima, Agüero y Frisancho no encontraron diferencias significativas entre métodos, ni siquiera en 16 subgrupos. El nuevo estudio peruano sugiere una razón para la divergencia: las listas son difíciles de explicar y solo producen promedios de grupo, y en el Perú rural arrojaron tasas mayores que las preguntas directas en solo tres de siete ítems, ninguno de forma significativa. La cédula, que ofrece privacidad sin anonimato, elevó en 17 % los reportes de cualquier tipo de violencia entre 5562 mujeres asignadas aleatoriamente, con las mayores brechas entre las mujeres con poca escolaridad. El subregistro también distorsionó el análisis. Con los datos convencionales, una reforma educativa parece reducir la violencia; con los datos de la cédula, el efecto desaparece.

En conjunto, estos hallazgos matizan el resultado promedio en lugar de invalidarlo. El patrón del ciclo de pagos aparece en la violencia sexual; para la violencia física, el estudio no encuentra diferencias entre métodos en cómo varían los reportes a lo largo del ciclo, lo que da tranquilidad respecto de estimaciones como la de Díaz y Saldarriaga. Además, los dos ejercicios responden preguntas distintas. Uno compara hogares con y sin programa; el otro sigue a las receptoras en las semanas entre pagos. Una transferencia puede reducir la violencia promedio y aun así traer picos breves después del día de pago que las encuestas cara a cara no captan. El análisis del ciclo se apoya en el calendario de pagos, no en una asignación aleatoria, y en el peso que los hechos recientes tienen en el recuerdo de las mujeres; los autores señalan que no pueden descartar del todo que la presión financiera cambie la forma en que las mujeres responden cuando se les ofrece privacidad.

La mirada de ODA

Leemos la evidencia así. El hallazgo de que las transferencias monetarias a las mujeres reducen en promedio la violencia física de pareja está entre los mejor respaldados de la investigación sobre protección social: descansa en varios ensayos controlados aleatorizados en tres continentes, un estudio cuasiexperimental de Juntos y un metaanálisis. Es, sin embargo, una afirmación sobre promedios, sobre la violencia física y sobre la violencia que las mujeres están dispuestas a describir ante una encuestadora. Las afirmaciones sobre la violencia sexual, sobre la dinámica de corto plazo y sobre qué mujeres se benefician son más débiles, porque esos son precisamente los márgenes donde el reporte parece fallar. De ello se desprenden dos implicaciones prácticas. Las evaluaciones de los programas de transferencias, incluidas las de Juntos y sus equivalentes en la región, deberían medir la violencia con métodos privados de autollenado como la cédula, que es barata y familiar para cualquiera que haya votado. Y los programas deberían tratar las semanas posteriores al pago como un periodo de riesgo, vinculando las transferencias con los servicios que ya existen para las mujeres, como los Centros Emergencia Mujer del Perú, y con el tipo de actividades complementarias que en Bangladesh hicieron perdurar la reducción de la violencia.

Lo que aún no sabemos

La evidencia de la cédula proviene de una sola muestra de mujeres del Perú rural, entrevistadas en 2018 en el área de influencia de centros de atención a mujeres; hace falta replicarla en otros contextos, incluidos aquellos donde hay menos confianza entre encuestadoras y encuestadas. No sabemos si la violencia en torno al día de pago depende de la frecuencia y la forma de los pagos, ni si los pagos digitales en cuentas propias de las mujeres cambian el patrón. Los registros administrativos, como las lesiones, denuncias policiales y llamadas de emergencia que usa un nuevo estudio sobre sequías en México, permiten contrastar las encuestas, pero solo captan la violencia que llega al Estado. Por último, hay una disyuntiva para el monitoreo: si las encuestas de hogares adoptan métodos privados, la violencia medida aumentará, y las oficinas de estadística necesitarán muestras superpuestas para que una mejor medición no se confunda con una realidad peor.